El general Mérida Sánchez se entregó en Estados Unidos buscando beneficios como testigo cooperante, mientras el gobierno mexicano seguía exigiendo pruebas y acusando a Washington de intentar golpear a la 4T.
Según versiones, cruzó la frontera en Arizona con una caja de documentos, dispositivos e información clave, para después ser trasladado a Nueva York. Ahí fue fichado, representado por la defensora Sarah Christoph y se declaró no culpable para negociar su posible conversión en testigo protegido. Su próxima audiencia será el 1 de junio.
El caso apunta a redes ligadas al fentanilo, drogas sintéticas y violencia extrema, incluso con el uso de menores de edad, como en los casos del “Ponchis” de Morelos y el “niño piedra” de Tabasco.
