Durante su segunda audiencia en Nueva York, los abogados del mandatario aseguraron que ni él ni su esposa pueden cubrir los costos de su defensa, por lo que pidieron que sea el gobierno venezolano quien pague los millones de dólares en honorarios legales.
El abogado Barry Pollack argumentó ante el juez que Maduro tiene derecho a elegir su propia defensa y no depender de un abogado de oficio. Sin embargo, la fiscalía estadounidense respondió que permitir el acceso a esos fondos sería prácticamente “saquear la riqueza de Venezuela”.
Aun así, autoridades de Estados Unidos autorizaron ciertas excepciones para que Venezuela pueda financiar el proceso legal bajo condiciones específicas.
