La Corte Suprema de Estados Unidos asumió este viernes uno de los casos más polémicos y de mayor trascendencia migratoria: la revisión de la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
El decreto presidencial, firmado el 20 de enero con el argumento de combatir la migración irregular, impediría que el gobierno federal otorgue pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuyas madres residan ilegalmente o temporalmente en el país. También afecta a hijos de padres con visados de estudiante, trabajo o turismo.
El principio del Derecho de Suelo (que todo aquel que nazca en Estados Unidos es ciudadano estadounidense) está consagrado desde hace más de 150 años en la 14ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 para proteger los derechos de los esclavos liberados.
A pesar de la tradición, el fiscal general de Trump, John Sauer, argumentó ante el tribunal que "la concesión errónea de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros en situación ilegal ha causado un daño sustancial a Estados Unidos". Sauer afirmó que esta ley crea un "fuerte incentivo para la inmigración ilegal".
Jueces 'frenaron' ley de Trump
Aunque la orden ejecutiva debía entrar en vigor el 19 de febrero, fue suspendida por varios jueces federales. El juez de distrito John Coughenour, nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan, calificó el decreto de Trump como “manifiestamente inconstitucional”, afirmando que la cuestión legal era la más clara que había visto en cuatro décadas en la magistratura.
La decisión de la Corte Suprema será crucial. De los nueve magistrados, seis son de tendencia conservadora, y tres de ellos fueron nombrados por Trump durante su primer mandato (2017-2021). Cecilia Wang, directora jurídica de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), expresó su esperanza de que el Supremo "derogue esta orden perjudicial de una vez por todas".
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