En la lista de personajes mencionados aparecen el exgobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios y policías presuntamente vinculados con el cártel de Sinaloa. Además, Trump reiteró que, si el gobierno mexicano no enfrenta a estos grupos, su administración actuaría incluso con una posible intervención por tierra.
En Estados Unidos crece la presión sobre políticos y funcionarios mexicanos bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado y saben que en cualquier momento podrían enfrentar órdenes de captura y procesos de extradición impulsados por el departamento de justicia.
Mientras tanto, Donald Trump endureció aún más su postura al firmar la estrategia antiterrorista 2026, un documento que advierte acciones firmes contra gobiernos señalados de proteger o colaborar con los cárteles. El texto asegura que Washington actuará para frenar el tráfico de drogas, armas y personas, y deja claro que, si no existe cooperación suficiente, Estados Unidos podría tomar medidas unilaterales para defender su seguridad nacional… incluso contra organizaciones ligadas al tráfico de fentanilo, al que consideran una amenaza de destrucción masiva.
