¡Un revés para la política migratoria del presidente Donald Trump!, un juez de EU impidió en las últimas horas que la administración federal invalide los permisos de trabajo y otros documentos legales que otorgan estatus legal en el país a unos cinco mil venezolanos. Esta decisión judicial representa un alivio significativo para miles de migrantes que temían perder sus empleos y enfrentar la deportación.
El juez Edward Chen emitió un fallo el pasado viernes por la noche, en el que concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad al intentar invalidar dichos documentos en febrero. La medida de Noem se produjo al mismo tiempo que se cancelaba el estatus de protección temporal (TPS) otorgado a los venezolanos.
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Como se recordará, tan solo once días atrás, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había autorizado a la administración Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350 mil migrantes venezolanos. El TPS es un programa que está disponible para personas cuyo país de origen haya sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario, ofreciéndoles una protección temporal contra la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente en EU.
Sin embargo, en su decisión, el alto tribunal declaró específicamente que no impedía que ningún venezolano siguiera impugnando la decisión de Noem de invalidar los documentos que les fueron emitidos conforme a dicho programa. Este matiz ha sido crucial para el fallo del juez Chen, que ha permitido que miles de venezolanos puedan seguir trabajando y viviendo en Estados Unidos.
La extensión del permiso por Biden y el intento de reversión de Trump
Por otro lado, los documentos cuya validez ha sido ahora reafirmada por el juez se emitieron después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EU, en los últimos días del mandato del presidente demócrata Joe Biden, extendiera el programa TPS hasta octubre de 2026. Esta medida de la administración anterior fue un intento de proporcionar estabilidad a la comunidad venezolana en Estados Unidos, pero Kristi Noem, bajo la administración Trump, intentó revertirla.
Asimismo, abogados que representan a varios venezolanos, así como la organización National TPS Alliance, habían solicitado al juez Chen que reconociera la validez continua de esos documentos. Su principal argumento era que, sin ellos, muchos migrantes se verían en una situación precaria, con el riesgo inminente de perder sus empleos y enfrentar procesos de deportación, impactando negativamente en sus vidas y en la economía de sus familias.
En el fallo del viernes, el juez Chen señaló que el gobierno estimaba que solo unos cinco mil de los 350 mil venezolanos afectados por la cancelación del TPS poseían los documentos específicos que ahora se han salvaguardado, lo que sugiere que la decisión impacta a un grupo más limitado pero vulnerable dentro de la comunidad venezolana.
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