Una denuncia contra siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell volvió a poner bajo la lupa la respuesta de la institución ante un presunto caso de violencia sexual, en TV Azteca Quintana Roo te compartimos los detalles.
La estudiante sostiene que fue drogada y agredida en octubre de 2024, mientras que su demanda cuestiona las sanciones universitarias. Cornell rechaza que se haya permitido a los implicados reparar su conducta únicamente mediante ensayos.
¿Qué denuncia la estudiante de Cornell?
Según la demanda civil presentada en septiembre de 2026, la joven tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. Durante una reunión de la fraternidad, asegura que fue presionada para consumir ketamina, marihuana y alcohol hasta quedar incapacitada.
La denunciante sostiene que, en ese estado, fue agredida sexualmente por siete estudiantes. Aproximadamente tres semanas después acudió a la policía del campus para reportar lo sucedido.
El documento judicial, de 101 páginas, incluye una captura de un chat de Snapchat que, según la querella, muestra una aparente invitación a otros miembros de la fraternidad para participar en la presunta agresión. La identidad de la joven permanece protegida.
¿La Universidad Cornell los castigó con resúmenes?
La demanda señala que a los implicados se les ofreció la posibilidad de escribir ensayos como parte de la respuesta disciplinaria. Cornell negó esa versión y sostuvo que impuso sanciones contundentes.
La universidad informó que realizó una investigación interna en 2024, cerró la sección de Chi Phi y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados. Varios fueron posteriormente expulsados y la fraternidad continúa vetada del campus.
La institución no precisó cuántos alumnos recibieron cada sanción, argumentando restricciones de privacidad establecidas por la legislación federal.
Fiscalía reabre el caso y llevará pruebas ante un gran jurado
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció el lunes 28 de septiembre de 2026 la reapertura de la investigación. Su oficina presentará pruebas ante un gran jurado para determinar si corresponde formular cargos penales.
Van Houten explicó que en 2024 decidió no procesar el caso porque, a juicio de su oficina, el testimonio inicial no establecía la falta de consentimiento. También señaló que aquella declaración no incluía señalamientos de haber sido drogada ni de una agresión grupal.
Ahora, indicó, existen nuevas alegaciones y pruebas que justifican revisar la decisión. El fiscal reconoció que las víctimas pueden necesitar tiempo y acompañamiento terapéutico para comprender y relatar lo ocurrido.
¿Qué busca la demanda contra la Universidad Cornell?
La estudiante solicita una indemnización económica a la universidad, a los siete señalados y a otras partes, entre ellas la fraternidad y un bar de Ithaca. La querella sostiene que la presunta agresión le provocó graves afectaciones emocionales y psicológicas.
El caso también ha generado exigencias de revisar la investigación universitaria y la actuación inicial de la fiscalía. La reapertura del expediente no constituye una declaración de culpabilidad: las autoridades deberán determinar si las pruebas permiten presentar cargos.