Expertos en seguridad nacional consideran que el delito de traición a la patria debería aplicarse al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza y a otros ocho presuntos implicados, ante los señalamientos de posibles acuerdos con el crimen organizado.
De acuerdo con los argumentos expuestos, ceder el control de un territorio a los cárteles del narcotráfico a cambio de financiamiento político debería considerarse una traición a la patria. Los señalamientos apuntan a presuntos pactos con el Cártel de Sinaloa que habrían permitido a estas organizaciones operar con impunidad, incluido el trasiego de drogas.
Los expertos también advierten sobre las consecuencias que estos posibles acuerdos tendrían para la población, al facilitar actividades criminales como la extorsión y el secuestro, además de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la gobernabilidad.
Ante este panorama, surge el debate sobre si la legislación mexicana debería modificarse para contemplar como traición a la patria los casos en los que autoridades entreguen el control de territorios a organizaciones criminales, incluso cuando no exista un componente extranjero directamente involucrado.
La propuesta busca ampliar la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que presuntamente pacten con grupos delictivos y las consecuencias legales que deberían enfrentar si se acreditan esas conductas.
Los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los demás presuntos implicados mantienen abierto el debate sobre la relación entre política y crimen organizado, así como sobre la necesidad de garantizar la seguridad y la gobernabilidad en Sinaloa.