Falta de Transparencia: INDEP en el Ojo del Huracán

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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) ha sido señalado como uno de los organismos que menos rinde cuentas en el gobierno federal, generando preocupación y cuestionamientos sobre su gestión. Expertos y analistas han levantado la voz sobre la opacidad que rodea las actividades de este instituto, destacando casos emblemáticos de falta de transparencia y presuntos malos manejos.

Desde su origen en enero de 2020, cuando sustituyó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el INDEP ha estado en el centro de controversias. Su primer director, Jaime Cárdenas, renunció ese mismo año, dejando entrever problemas internos que posteriormente se han evidenciado.

Las denuncias por malos manejos no han cesado. Una carta de renuncia resalta procedimientos de valuación que no garantizan los principios constitucionales y señala la mutilación de joyas, así como contratos favorables a empresas en detrimento del INDEP. Estos hechos han contribuido a socavar la confianza en la institución y han generado interrogantes sobre la eficacia de sus operaciones.

Las acusaciones de enriquecimiento con recursos públicos han salpicado a algunos de sus directores, como en el caso de Ernesto Prieto, quien ha sido señalado de aumentar su riqueza de manera considerable durante su gestión en el INDEP.

La falta de transparencia también se evidencia en la opacidad en la rendición de cuentas. Organizaciones como México Evalúa han detectado recortes significativos en el presupuesto destinado a programas sociales, así como la falta de información sobre el destino de los recursos.

La falta de claridad en las subastas realizadas por el INDEP también ha generado desconfianza. Apenas el 20% de lo ofertado entre 2020 y 2023 ha sido vendido, sin que se conozca con certeza cuánto dinero se ha recaudado ni a quién se ha entregado.

Ante estas revelaciones, se hace evidente la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del INDEP. La sociedad demanda un manejo claro y responsable de los recursos públicos, y es fundamental que las autoridades brinden la información necesaria para generar confianza y garantizar la correcta administración de los bienes del Estado.

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